El desalojo de la ciudad existente

publicado | argitaratua 21. ago, 2013

Por Ildefonso NARVAEZ.

Parafraseando al geógrafo David Harvey, el urbanismo ha sido siempre y en todas partes, pero muy especialmente en la España de los últimos treinta años, una vía de escape a las crisis capitalistas, al problema de la reproducción ampliada del capital. Destruir, derruir, tanto en lo urbanístico como en lo ecológico medioambiental, para volver a construir-invertir, para lanzar nuevos ciclos de acumulación-ganancia. Este artículo que reproducimos de Ildefonso Narváez nos alerta acerca de un reciente marco legal establecido por el PP, que va a posibilitar traumáticas operaciones urbanísticas de despojo y gentrificación. Es curioso (no lo es, pero lo recalcamos) que el partido altergobernante de turno recurra al constitucional normas como el decreto andaluz sobre vivienda, porque expropian el uso habitacional de los “activos financieros”, pero no dude en legislar una ley expropiadora del uso habitacional en favor de la promoción de nuevos activos inmobiliario-financieros. [F.M.]

El viernes 28 de junio, mientras los medios de comunicación seguían acogotando a la ciudadanía con la podredumbre de la corrupción endémica de los partidos políticos, bajo el dogma irrefutable de la crisis económica que todo lo explica y todo lo puede, aderezado con algún proceso televisivo inquisitorial del último fetiche criminal de moda y a punto de ponerse en marcha la primera operación salida, las ciudades se convirtieron en pieza clave para la “revitalización económica”, la “generación de empleo” y la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción.

Centro histórico de Málaga. Un ejemplo del concepto de rehabilitación escenográfica: vaciar la ciudad a toda costa y convertirla en un decorado esperpéntico, aniquilando el espacio en el tiempo

Centro histórico de Málaga. Un ejemplo del concepto de rehabilitación escenográfica: vaciar la ciudad a toda costa y convertirla en un decorado esperpéntico, aniquilando el espacio en el tiempo

Al menos estos son algunos de los objetivos enumerados en la Exposición de motivos de la coloquialmente denominada ley 3R (Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), que entró en vigor en la fecha citada.

Su articulado desvela con claridad una estrategia de reinversión en zonas degradadas y abandonadas de la ciudad dirigida a ofrecer un incremento de la tasa de beneficios para un capital financiero que ya ha depurado parte de la toxicidad de sus activos inmobiliarios con recursos mayoritariamente públicos y los ha blindado con una legislación netamente favorable. Una vez más se acude al recurrente pretexto de la normativa europea, pues uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno al promover esta iniciativa legislativa es lograr alcanzar los umbrales de eficiencia energética establecidos en la Directiva 2012/27/UE, contra la cual votó, paradójicamente, el Partido Popular en sede europea por considerar que su aplicación retrasaría la recuperación del sector de la construcción. Con independencia de los objetivos y fines que dice perseguir la norma, apoyada en su trámite parlamentario por la bancada nacionalista y de UPyD, y al margen también de la palmaria disociación entre su contenido y su motivación, sus efectos van a ser sin duda demoledores para la población más golpeada por el tsunami liberal de recortes sociales y afectada por la destrucción de empleo y reducción salarial.

No será necesario el consentimiento del propietario para la expropiación con realojo o con indemnización

La ley 3R regula minuciosamente el realojamiento de los “ocupantes legales”, cuya residencia habitual deba ser desalojada por una actuación en el medio urbano. El “derecho” de realojo se hará efectivo en el mismo ámbito de gestión o, si no es posible, lo más próximo al mismo, y cuando ambas opciones sean materialmente imposibles este derecho se sustituirá por su equivalente económico.

Cuando la actuación se ejecute por expropiación –que será el supuesto más recurrente– la entrega de la “vivienda de reemplazo” se configura como el pago en especie del justiprecio, salvo que el expropiado opte por percibirlo en metálico perdiendo así el “derecho” de realojo, y si la vivienda entregada lo es en el mismo ámbito de gestión y dentro del plazo establecido de terminación de las obras, no será necesario el consentimiento del propietario para dicho pago en especie.

A esto hay que añadir que desde que la Administración muestre su conformidad o autorice una actuación de rehabilitación, regeneración o renovación urbana, los inmuebles quedarán afectados al cumplimiento del deber de costear las obras, como garantía real inscribible en el Registro de la Propiedad. Dicho de otro modo, si el propietario no cumple con sus obligaciones pagando las cargas que le correspondan puede llegar a quedarse sin su vivienda.

Una operación gentrificadora a gran escala, un festín especulativo obteniendo edificabilidad en suelos de mayor rentabilidad.

La iniciativa para ordenar la actuación puede ser tanto pública como privada y la gestión pública de la actuación podrá adjudicarse en concurso público, cuyas bases determinarán el porcentaje mínimo de techo edificado que se atribuirá a los propietarios del inmueble objeto de la sustitución forzosa. El atractivo para la captación de la inversión de empresas, entidades o sociedades no propietarias en estas actuaciones es obviamente la obtención de edificabilidad materializada en inmuebles construidos en suelos de mayor rentabilidad. En román paladino, el sector inmobiliario y de la construcción están siendo convocados a un “revitalizador” festín especulativo ahora en la ciudad existente, que sin rubor de ningún tipo se enmascara con la verborrea del desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, y la falacia de asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Nos encontramos en los prolegómenos de una operación gentrificadora a gran escala, en la que el Estado actúa como agente económico, político e ideológico –parafraseando a Neil Smith– , derivando gran parte de los escuálidos recursos del Plan estatal 2013-2016 de vivienda a este tipo de actuaciones y confiando en los zombis de un sector productivo depauperado por su apalancamiento financiero. En la lógica de acabar con la promoción pública de viviendas, se prevé la posibilidad de que las Comunidades autónomas suspendan, durante cuatro años, la obligación legal de reserva del 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización destinada a vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. Y como el Gobierno del PP aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid cada vez que tramita un proyecto de Ley, introduce en la Ley 3R diecisiete modificaciones legislativas, entre las que destaca la operada en la Ley del Suelo, que se aproxima a los postulados liberalizadores del 98, abriendo la posibilidad de considerar suelo urbano las zonas de borde exterior de la ciudad aunque no hayan sido urbanizadas, y ampliando las facultades de los propietarios del suelo rural. Y de paso se diseña un modelo de comunidades privadas cerradas (gated community) para ajustar nuestra legislación al modelo Eurovegas.

El incremento de la exclusión social que conllevará la aplicación de esta enmarañada y confusa legislación se sumará a la constantemente auspiciada por sus promotores, valedores y beneficiarios, que de manera voluntaria o inconsciente, pero indefectiblemente, siguen alimentando a sus sepultureros.

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