El 15M en la moqueta.

publicado | argitaratua 25. ene, 2013

Por FELIPE MARTÍN.

Resulta raro hablar de política en una sala enmoquetada. Eso fue ayer, 23 de enero, cuando cuatro miembros del 15M/Constituyentes expusimos la iniciativa de proceso constituyente a los miembros de la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra. Fue todo muy raro. Pero sobre todo, yo no sé siquiera si habrá servido para algo, si nos han llevado a su terreno, si hemos traicionado a la calle y a la plaza. Espero saberlo al acabar estas líneas.

Un breve resumen, que se puede obviar. Durante los primeros veinte minutos hicimos una exposición de este texto  que se les había repartido previamente. El hilo argumental era sencillo:

El turno de respuestas fue tan variopinto como previsible. Resumirlo tiene el riesgo de borrar matices importantes. Vamos a intentarlo.

Víctor Rubio (Bildu) y Xabi Lasa (Nabai) nos dieron el parabién al cuadro de deslegitimación que habíamos pintado y a las propuestas de regeneración democrática. No apuntaron ninguna distancia a un planteamiento que es rigurosamente democrático y radicalmente social. Seguramente, porque todos somos conscientes de lo que compartimos y de lo que no. No hacía falta.

Las respuestas de Martin (PPN) y Sayas (UPN) eran previsibles. Vivimos en una perfecta democracia en la que no hay nada que tocar. Aunque en el turno siguiente se les replicó, la pregunta es ¿valía la pena hacerlo? Uno se pregunta si el interlocutor cree en lo que dice o simplemente trae las respuestas aprendidas y es mero actor-portavoz del papel que representa. El escenario -la moqueta- apunta a lo segundo. En ese caso, réplica y contraréplica no son un auténtico diálogo, sino que van dirigidas a lograr los aplausos de un tercero, el público. Eso fue lo que ocurrió. Un diálogo, sino estéril, falso, dirigido al escenario o al desahogo personal.

Asumamos lo primero: que ambos, Martín y Sayas, creen en lo que dicen. ¿Por qué no? Entonces nos encontramos ante un diálogo difícil por la distancia entre las respectivas subjetividades. Hubiera sido necesario encontrar un referente común al que apelar. Y eso era imposible en el entorno de moqueta, micrófono, público, medios.

Más jugosa fue la respuesta de Lizarbe (PSN). No es el sistema lo que hay que tocar, sino las políticas que se aplican desde las instituciones (!?). ¿Cómo traducir eso? Simplemente que la solución es volver a votar “al otro”. No cambiar nada en el sistema político, solo alimentar un nuevo ciclo de alternancia. Se le recordó que en la exposición se había mencionado, al hilo de los déficits democráticos, las carencias de la ILP y la encrucijada para el sistema que suponía el trámite en el Congreso de la ILP por la dación en pago. ¿Cómo encajar esta encrucijada en un nuevo ciclo de alternancia? ¿Hemos de asumir que va a ser rechazada por la mayoría absoluta del PP y que nuestra esperanza es que el PSOE gane las elecciones de 2015 para que la apruebe? ¿Por qué hemos de suponer que el PSOE la va a aprobar en 2015-2016 si ya la rechazó en 2011, cuando gobernaba? No cuela. Y siguen sin darse cuenta de que ya no cuela.

La respuesta más sutil fue la de Marisa de Simón (I-E). Nos sorprendió con dos observaciones. Primera, que Izquierda Unida lleva el proceso constituyente en su programa. Segunda, reclamó la legitimidad de la representación que ella ostenta nacida de las urnas. Ambas premisas pueden arrojar una conclusión interesada. Puede llevarnos a la conclusión de que si Izquierda Unida está explícitamente por el proceso constituyente, 15M/Constituyentes deberíamos promover el apoyo electoral a esta sigla.

Este emplazamiento es tan viejo como el propio 15M. No debería ser necesario recordar por qué constituirse en plataforma ciudadana de apoyo a una determinada sigla es la muerte del 15M.

Pero el emplazamiento no deja de tener sentido y apunta a una contradicción propia del 15M. Ser actor político sin ser partido político, sin competir electoralmente entre otras cosas. ¿Es posible? Es difícil.

De ahí que no sean pocos los que rumian que la iniciativa constituyente debería en algún momento levantar esa bandera en los procesos electorales por venir. Rumian, porque nadie ha encontrado la forma de saltar a la arena electoral sin dejar de representar el impulso puramente democrático de la ciudadanía, sin contaminaciones partidistas.

De la propuesta que llevábamos, la de que el Parlamento dé amparo a un proceso participativo ciudadano al estilo islandés, nadie dijo nada. Así concluyó nuestro paso por la moqueta del Parlamento de Navarra.

Y en cuanto a si el viaje valió la pena, sigo sin saberlo. Si sé que esa moqueta nos pertenece a los ciudadanos, y que nos hemos de atrever a pisarla, incluso a arrancarla.

Quiénes somos y cómo se ha gestado esta comparecencia.

Egun on guztioi. Buenos días. Más allá de la obligación de ustedes de escuchar a la ciudadanía y de nuestro derecho a ser escuchados, gracias por invitarnos a estar aquí y por la atención que nos van a prestar.

15M Pamplona/Iruña-Constituyentes es una asamblea local que forma parte del movimiento 15M.

La apertura de un proceso constituyente es hoy la principal demanda del 15M Pamplona-Iruña. Demanda que comparte con otras iniciativas como la Coordinadora 25S, Constituyentes, la Fundación CEPS o Constitucionalistas por la Democracia.

El 5 de diciembre escenificamos frente al Parlamento de Navarra un acto de devolución de la Constitución de 1978 y del Amejoramiento del Fuero, normas que consideramos caducadas.

Durante ese acto algunos parlamentarios nos sugirieron las fórmula de la comparecencia ante comisión de la cámara. Aceptamos esa invitación de buen grado ya que somos partidarios del diálogo y de explorar todas las posibilidades.

 

La deslegitimación del sistema político es un hecho.

No pretendemos que este encuentro sea un patio de sonrisas. Lo que hoy está ocurriendo no permite divagaciones ni complacencias. Hace ya 20 meses que la sociedad movilizada en la calle dio un mensaje contundente: las instituciones no nos representan. Ese mensaje ha sido interiorizado por una mayoría social transversal a las adscripciones políticas e identitarias. Y entendemos que en gran medida se ha interiorizado de una manera positiva, como una demanda de más democracia. Es decir, lo contrario de un rechazo de la democracia hacia versiones autoritarias o tecnocráticas.

Decimos que no nos representáis, pero no desdeñamos el valor de las urnas. Ni nosotros, ni toda la gente que ha participado en movilizaciones en fechas tan señaladas como el 15 de mayo, el 19 de junio y el 15 de octubre de 2011. Ni tampoco quiénes participaron en las movilizaciones que rodearon el Congreso de los Diputados el 25 de septiembre pasado.

Queremos que funcione la democracia. Eso incluye las urnas y muchas cosas más. Y nuestra democracia electoral no funciona. Lo atestigua el clamor de la gente, su desafección respecto a nuestro sistema político.

Esa desafección tiene motivos sobrados.

La gente sangra en las calles, se suicida. Las instituciones políticas no dan soluciones. Mejor dicho: los gobiernos son verdugos sociales. Son instrumentos de un inmenso despojo de todos a favor de unos pocos, y muy en particular del sistema financiero.

Se ha rescatado a la banca desde 2009 con ayudas públicas directas o con el perverso mecanismo de la deuda pública. A costa de empobrecer a la sociedad.

Este empobrecimiento general ha hundido también los márgenes empresariales. Y se ha optado por reconstruirlos a costa de los asalariados, facilitando las reducciones de salario y los aumentos de jornada. Abaratando el despido como medida disciplinaria.

Todo esto venía ocurriendo ya en 2011. Pero se le ha dado una extraordinaria vuelta de tuerca en 2012. Para esa vuelta de tuerca ha sido clave la reforma exprés de la Constitución acordada hace poco más de un año por los dos partidos altergobernantes.

¿Ustedes creen que esa reforma hubiera sido refrendada en un referéndum? Si así lo creen, ¿por qué no lo convocaron? Al haber impuesto legal pero ilegítimamente aquella reforma constitucional, los partidos que la apoyaron se deslegitimaron. Además, enajenaron definitivamente a la ciudadanía de la Constitución de 1978. Este error es equivalente, en términos históricos, al autogolpe de Estado que se dio la Monarquía el 13 de septiembre de 1923, y que puso fin siete años más tarde al Régimen de la Restauración.

Algunos creerán que la mayoría absoluta nacida de las últimas elecciones generales ha convalidado aquel inmenso error. Hay que recordar que aquel resultado electoral se fraguó en el desencanto y la abstención de buena parte del electorado. La mayoría absoluta del partido ganador lo fue con sólo el 28% del censo electoral: medio millón de votos menos con los que el otro partido altergobernante sacó una mayoría raspada en las elecciones anteriores. La abstención se incrementó en dos millones de nuevos no votantes. Entre los votantes, el voto en blanco y nulo se incrementó en un 65%, hasta las 748.000 papeletas. Todo ello, justamente cuando el interés por la política, por la economía y por las cuestiones de política económica se ha incrementado notablemente entre la ciudadanía.

Más aún, los diez millones de electores que votaron esa mayoría absoluta no lo hicieron por el programa de medidas que luego se han aplicado. Esas medidas se ocultaron o incluso directamente se negaron que fueran a aplicarse. No solo las encuestas confirman un inmenso desencanto entre los electores de esa “mayoría absoluta”. La calle también la ha contestado de una manera igualmente absoluta. Aquel resultado electoral de noviembre de 2012 sólo ha servido para extender y profundizar la desafección de la sociedad respecto al sistema político. Y el capote de la oposición altergobernante, desacreditada definitivamente, ya no funciona.

Hay conciencia general de que los derechos constitucionales a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, están siendo desmantelados por las políticas institucionales. Hay conciencia de que la Deuda ha sido la palanca para ese desmantelamiento. Hay conciencia de que los recursos liberados se están transfiriendo masivamente a la banca. Hay conciencia, también, de que el desmantelamiento de lo público está siendo una segunda desamortización que está enriqueciendo a intereses privados.

En la pugna por la defensa de sus derechos, hemos constatado también que el derecho de reunión consagrado en la Constitución es discrecional. Que está sometido a un permiso previo disfrazado de comunicación que se utiliza para obstaculizarlo. Hemos aprendido que los abusos policiales quedan impunes, por más que los atestigüen las cámaras y se difundan por internet. Y que las autoridades jalean la violencia policial.

Al cabo de 34 años, la representación política ha devenido en suplantación. La política institucional es un fingimiento que pretende apelar al interés general cuando en realidad lo subordina a unos pocos intereses particulares. El debate político es una comedia de farsantes que escenifica la diferencia con fuegos de artificio para ocultar la connivencia en las materias de fondo.

Puede que ustedes no compartan este cuadro de deslegitimación. Nuestra propuesta de proceso constituyente nace de una reflexión sobre el vaciamiento de legitimidad de las instituciones. Propuesta que que se puede resumir en una sola frase: necesitamos urgentemente muchísima más democracia de la que tenemos.

 

Déficits democráticos

Todo esto no hubiera ocurrido si la representación política no estuviera desvirtuada. Es lo que la calle denuncia con el grito “no nos representan”.

Bipartidismo

La principal virtud de una democracia electoral es que presumiblemente es competitiva. En una fácil comparación, podemos decir que en una dictadura de partido único estaríamos ante un monopolio de hecho y de derecho, y en una democracia electoral funcionaría el mercado libre.

La realidad política de España es intermedia: estamos ante un mercado libre que ha devenido de hecho en un oligopolio. Simplificando, porque nos encontramos ante varios mercados, tantos como procesos electorales, conectados entre sí y retroalimentados.

En este mercado oligopólico, la decisión de compra del consumidor, su libertad de voto, está condicionada por una restricción real, práctica, de la oferta. Una empresa con posición dominante puede volver a sacar al mercado una y otra vez su producto imperfecto. Un partido mayoritario puede volver a ofertar su capacidad desacreditada de gestionar lo público, con la seguridad de que al consumidor no le queda otra salida que comprarlo. Más aún si tenemos en cuenta que, a diferencia de lo que ocurriría en la esfera económica, la decisión de no comprar por parte de un grupo importante de consumidores no se traduce en una pérdida de ventas, ya que todos los escaños son asignados, se quiera o no.

¿Cómo se ha formado este oligopolio político? Y sobre todo ¿qué leyes deberíamos modificar para asegurar la competencia perfecta?

- un factor de permanente actualidad: la utilización ventajista del control de lo público como una fuente de financiación para los partidos y de prebendas para los partidarios. La transparencia y la lucha contra la corrupción política no son solamente exigencias éticas. Más allá de eso, lo que se corrompe es la propia democracia cada vez que un contendiente político abusa de lo que es de todos para afianzar su predominio partidista. Porque dificulta que otras opciones menos corruptas se conviertan en alternativa real.

- otro factor es la financiación opaca por parte de grupos de interés. Y la no tan opaca. Muy en particular, las vinculaciones de la banca con la financiación de los grandes partidos.

- otro factor intrínseco a la democracia electoral: el coste de adquirir información detallada acerca de los asuntos públicos es muy alto. Por su complejidad intrínseca. Pero también porque los medios de comunicación están muy concentrados, en manos de grupos de interés que colaboran con los dos grandes partidos. Ello permite a los partidos políticos formular sus ofertas electorales para ganar las elecciones, no como contratos de gobierno fácilmente revisable. El resultado es un “mercado electoral” en gran medida opaco para el consumidor medio, en el que los costes de marketing son altísimos, lo que está demostrado que es una importantísima barrera de entrada a nuevos competidores.

- otra barrera de entrada son los porcentajes mínimos para asignación de escaños del 3%, del 5%, etc…, que imponen las normas electorales en los distintos “mercados” políticos estatales, autonómicos y municipales,

- finalmente nuestro sistema electoral. El mapa de las circunscripciones crea desigualdades sangrantes entre los electores. Introduce un enorme sesgo mayoritario que lamina toda opción discrepante del partido altergobernante. Ha potenciado el voto útil. Pero cuando el régimen de alternancia se ha desacreditado, su resultado son las actuales cotas de abstención y de desafección incluso entre los que acuden a las urnas.

Ausencia de mecanismos participativos.

Un sistema político no es democrático sólo porque tenga elecciones libres. Tenga lo que tenga, ningún sistema será democrático si el resultado final, la acción institucional, no se corresponde con la voluntad popular. Para obtener ese resultado, más allá de la convocatoria ritual cada cuatro años que es el ámbito de la competitividad de los partidos políticos, son necesarios otros cauces que permitan formar la voluntad popular y hacerla pesar en las decisiones institucionales. Hablamos de democracia participativa.

Y en ese aspecto este país es un páramo. Salvo en el ámbito municipal, no existen experiencias ni, sobre todo, leyes que abran las instituciones a la participación ciudadana. El constituyente de 1978 ha desconfiado completamente de la participación directa del pueblo. Hoy en día, la participación no es un derecho, sino una concesión completamente discrecional por parte de los poderes públicos.

En el ámbito municipal, debemos hacer la crítica de que los grandes ayuntamientos como Barcelona o Pamplona han utilizado el discurso participativo más como una fachada de marketing, legitimadora, que como un discurso real. Las experiencias reales de participación sólo se han dado en entidades pequeñas y sólo cuando desde las instituciones han gobernado equipos que creen de verdad en la participación.

La Constitución, y a través de la Constitución los distintos Estatutos incluido el Amejoramiento, niegan prácticamente la participación.

El referéndum es competencia exclusiva del Estado, ni siquiera de las CCAA y Ayuntamientos, y mucho menos de la iniciativa ciudadana. Desde luego, nada de lo que ha ocurrido o está ocurriendo en nuestro país ocurriría si los ciudadanos pudieran someter sus propuestas a referéndum vinculante aprobatorio o someter a referéndum vinculante derogatorio las medidas que se están aplicando y que la ciudadanía rechaza masivamente en las calles.

¿Qué decir de la Iniciativa Legislativa Popular? Regulada de hecho de manera restrictiva, excluyendo las materias sensibles, las constitucionales y las de ley orgánica. Y aún así, castrada en su aplicación práctica. De las 60 ILPs tramitadas, ninguna ha sido asumida por el Congreso. Y hoy, sin ir más lejos, nos encontramos en trámite de una iniciativa, la de la dación en pago, que pasa de largo los requisitos exigidos, con un millón de firmas recogidas, que goza de un apoyo popular abrumador, superior al 90% según todas las encuestas, y que se va a encontrar sin ninguna duda en su trámite parlamentario con un desprecio rayano en la burla. Porque su contenido ha sido presentado y debatido en el Congreso ya por tres veces, y las tres veces ha sido rechazado por los dos partidos altergobernantes, prestos siempre a conceder lo que la banca les pide.

La participación ciudadana hubiera permitido corregir las carencias democráticas del bipartidismo. Pero es obvio que quiénes se sienten cómodos transformando la representación en suplantación, en modo alguno estén dispuestos a abrir las instituciones a la participación.

 

Propuesta constituyente.

Corregir las imperfecciones de nuestro mercado político, corregir todo lo que convierte nuestra democracia formal en un oligopolio de facto, requiere un profundo cambio constitucional que introduzca instrumentos de participación ciudadana y cambie la ley electoral por otra mucho más justa y equitativa así como ajustes en la financiación de los partidos políticos y en la transparencia de los cargos públicos.

Pero esta reforma constitucional es completamente improbable según los mecanismos establecidos. La Constitución deja en manos de las propias empresas oligopólicas la regulación del mercado que dominan. De ahí dos dos conclusiones:

- que el propio mecanismo de reforma constitucional también debe ser reformado,

- y que la reforma constitucional no se producirá tal y como la prevén las leyes, sino por un desbordamiento o ruptura, tal como ha ocurrido casi siempre en la historia.

Y es obvio que un proceso constituyente de esta envergadura no va a dejar fuera un buen catálogo de aspiraciones de la ciudadanía que hoy no reflejan nuestras leyes. Sin pretender agotarlas, he aquí una relación de cuestiones constitucionales suplementarias que no se pueden mantener en un cajón cerrado si se abre un proceso constituyente. Cuestiones como:

- derogación del artículo 135.

- la Monarquía. Si en 1978 no había razones para aceptarla, salvo transigir con los poderes fácticos que la habían impuesto en 1969, hoy la ciudadanía tiene razones sobradas para rechazarla.

- la organización territorial del Estado, incluyendo el derecho de autodeterminación.

- separación efectiva y real de la Iglesia y los poderes públicos, en particular en el tema de la financiación y exenciones fiscales.

- consolidación de los derechos sociales como derechos exigibles ante los tribunales ordinarios.

- recuperación de la soberanía perdida de hecho ante las instituciones europeas, muy en particular frente al BCE.

Nosotros, como 15M/Constituyentes, no nos posicionamos por un programa concreto de cambios constitucionales. No ofrecemos un modelo político acabado. Solo reclamamos dos cosas:

- que es imperativo que se abra el proceso constituyente y

- que ese proceso constituyente debe llevarse a cabo en condiciones máxima transparencia y participación.

Y es en ese sentido en el que queremos recordar que el anterior proceso constituyente se hizo en condiciones de escasa calidad democrática. Liderado por un gobierno no elegido, heredero de una dictadura. En condiciones de chantaje democrático, con ruido de sables. Por un parlamento que no fue elegido con atribuciones constituyentes, y con exclusión de facto y de ley de otras opciones políticas.

Y como heredero de ese proceso, la propia constitucionalización de Navarra, su adaptación institucional a la Constitución de 1978, adolece de los mismos defectos: sin proceso constituyente, sin asamblea constituyente y sin ni siquiera ratificación electoral en referéndum. Por ello, su resultado que conocemos como Amejoramiento carece de un consenso suficiente, representa el predomino de una concepción de Navarra sobre todas las demás.

 

El proceso constituyente desde Navarra.

Nosotros, 15M/Constituyentes, lo somos en Navarra y desde Navarra. No asumimos ningún planteamiento previo sobre la identidad de Navarra. No somos foralistas ni navarristas. No somos independentistas. Tampoco optamos por la incorporación o la conexión de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca. Y tampoco abogamos por la pertenencia a España. No somos nada de eso, ni dejamos de serlo. No nos oponemos tampoco a ninguna de esas opciones, siempre que sean el resultado de un proceso absolutamente democrático.

Sin rechazar ni pretender ofender a ninguna sensibilidad, no reclamamos la vigencia de ningún derecho anclado en ninguna fecha, ni 1512 ni 1841 ni 1931 ni 1936 ni 1978 ni 2011. Al contrario, toda esa sucesión de fechas que denominamos historia no demuestran más que una cosa: que cada nuevo periodo de legalidad ha sido abierto desde una relación de fuerza, como una determinada solución a un conflicto. Nosotros proclamamos la existencia de un conflicto: el que enfrenta a una mayoría social en proceso de despojo con los intereses del sistema financiero y de unas minorías en connivencia con él. Para nuestra voz, apelamos a un sujeto colectivo: el que constituyen la solidaridad y la dignidad humana, desde la ciudadanía como expresión política del sujeto social. Sin pretender anular otras formas del ser y sentir colectivos.

Nosotros reclamamos el ejercicio de la autodeterminación desde la sociedad, desde la ciudadanía. Cuando de facto los poderes soberanos del Estado español han cedido competencias básicas a organismos exteriores que nadie ha elegido, como el Banco Central Europeo o la Unión Europea; cuando esos poderes fácticos gobiernan nuestras vidas en contra de nuestra voluntad, la exigencia de autodeterminación, del derecho a decidir, brota en cada ámbito del marco institucional. Exigimos un proceso constituyente aquí, en Navarra. Lo exigimos también en España. Y en Europa, si pudiera ser.

  1. Reclamamos la soberanía. Y la reclamamos a todos los niveles.
  2. Navarra pertenece y está en España, en una España no democrática, y a través de España en esas instituciones europeas no democráticas. Pero el texto legal que define esta pertenencia ni siquiera fue ratificado por la ciudadanía. Nació de un pacto político excluyente, de espaldas al pueblo, y pervive como una anomalía antidemocrática en el contexto de las autonomías. Más aún, tampoco puede ser reformado con el acuerdo de la ciudadanía.

Cuando España y Europa han entrado en una crisis de legitimidad, es más imperioso que nunca reclamar la legitimación democrática de nuestras normas constitucionales, empezando por el Amejoramiento y concluyendo en la Constitución.

En nuestro caso es una reclamación aplazada y por ello doblemente urgente, que frente a otros intentos de revisión –como el debate fallido de 2005- ya no puede ser un proceso interno entre grupos parlamentarios sino abierto a la participación ciudadana y sancionado democráticamente por todas y todos los navarros.

La única manera de desbloquear este conflicto es restituir el poder constituyente a la ciudadanía de Navarra.

 

Propuestas concretas

Resulta contradictorio con la legalidad vigente pedirle a este Parlamento una iniciativa constituyente si el mismo Amejoramiento reduce su papel a la mera ratificación de lo acordado por los dos ejecutivos, el foral y el estatal. El rodeo a través del Congreso de los Diputados que permite el artículo 87.2 de la Constitución sería seguramente inútil, e incluso ilegal en términos de una estricta aplicación del artículo 71 del Amejoramiento

La historia, sin embargo, no recuerda ningún proceso constituyente en el que la legalidad vigente no haya sido violentada en mayor o menor medida. Más tarde o más temprano se reunirá en este edificio un Parlamento que asuma un papel constituyente que la legalidad actual no le reconoce, pero al que lo envolverá un aura de legitimidad incontenible. Ello, sin embargo, no sucederá si no lo propiciamos.

Sí está ahora en manos del Parlamento impulsar la propuesta constituyente entre la ciudadanía.

Nos fijamos en particular en el ejemplo islandés. Islandia es paradigma, espejo y ejemplo para el resto de países europeos tanto en la forma de encarar la crisis financiera como en la salida a la crisis política. El proceso constituyente islandés se ha forjado a través de dos hitos participativos atípicos: los Forums ciudadanos. El primero tuvo lugar al margen de las instituciones. El segundo, un año después, fue amparado por el propio Parlamento islandés y sirvió de base a los trabajos de la Asamblea constituyente que redactó el borrador de constitución.

Proponemos al Parlamento que ampare un amplio proceso participativo ciudadano y apartidista en el que se debata sobre el marco político e institucional de Navarra. Que confíe en la capacidad de los ciudadanos para entenderse y llegar a acuerdos.

Proponemos al Parlamento que ampare un amplio proceso participativo ciudadano y apartidista en el que se debata sobre el marco político e institucional de Navarra. Que confíe en la capacidad de los ciudadanos para entenderse y llegar a acuerdos.

Para ello, proponemos:

- que una comisión estudie las posibilidades del actual marco parlamentario para acoger esta iniciativa.

- en paralelo, que se abra una vía de interlocución entre todos los agentes sociales y políticos de la sociedad navarra para impulsar y diseñar este proceso.

- finalmente, que se ampare y convoque un primero Forum Constituyente de Navarra. Un Forum de carácter consultivo, pero fundante de legitimidad para el futuro proceso.

Una iniciativa de este tipo será acogida en Navarra con entusiasmo por la mayoría de la ciudadanía que reclama hablar con voz propia. Fuera de Navarra, la iniciativa será espejo y ejemplo para todos.

Gracias por habernos escuchado. Estamos a su disposición para detallar nuestros argumentos y propuestas, y les invitamos a participar en las iniciativas constituyentes que ya están en marcha: el seminario ‘Hacia un proceso constituyente’, que se celebra en la UPNA los días 28, 29 y 30 de Enero, y el proceso participativo por la Carta social, el 16 de febrero, día en que nos sumaremos también a la Manifestación ‘Contra el genocidio financiero’ convocada por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca…

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